¿Cómo salir de la trampa fiscal?

Saúl Méndez Aguilar

La semana pasada hablamos de que el país se encuentra inmerso en lo que se denominó una “trampa fiscal”, recordando brevemente dicho concepto, lo definimos como que el gobierno de nuestro país no podía brindar los servicios públicos adecuados a la población porque no cuenta “en teoría” con los suficientes ingresos para hacerlo, el gobierno no cuenta con dichos recursos porque cobra unos impuestos sumamente bajos, y hay a su vez ciertos sectores de la población que eluden o evaden estas obligaciones, y la población en general no estaría dispuesta a pagar mayores impuestos porque los bienes y servicios públicos son sumamente ineficientes.

Así mismo en el artículo pasado mencionamos todas las desventajas y consecuencias que una trampa fiscal tiene en nuestro país, siendo en mi opinión la más importante un constante estancamiento económico.

De manera que lo urgente sería el plantear medidas de política pública que nos ayuden a romper dicha trampa, en muchas de las opiniones que se han declarado por funcionarios del sector público está continuamente el aplicar reformas fiscales, las cuales se traducen normalmente un alza en la tasa de los impuestos, generalmente en nuestro país son el ISR, IVA y el IEPS, y para comprobarlo tuvimos en México la reforma fiscal y hacendaria de 2013, la cual en términos breves subió las tasas impositivas de las obligaciones anteriores.

En mi opinión lo anterior si bien si tiene un impacto reflejado en los ingresos del sector público, no es la manera eficiente de hacerlo, ya que, si dicho aumento de las obligaciones  no viene acompañado con un mejoramiento de los bienes y servicios públicos, lo más probable es que los indicadores de evasión y elución de impuestos se disparen en niveles más altos, porque los contribuyentes no tiene incentivos suficientes para pagar mayores tasas de impuestos

El mecanismo más eficiente a mi parecer para romper de tajo con la trampa fiscal es vía incremento del gasto e inversión públicas, anexadas evidentemente con un mejoramiento y eficiencia de los bienes y servicios públicos existentes. Dicho gasto debería ser financiado por deuda pública sin una necesidad previa de un aumento de impuestos.

Una vez gastando el gobierno sin la necesidad de que a la población se le grave con una tasa mayor y mejorando los rubros mencionados anteriormente, los ciudadanos cambiarían su expectativa y confianza hacia el sector público, con dicho aumento de la credibilidad, el Estado en su debido momento podría ahora si aplicar una reforma fiscal que le permitirá hacerse de mayores recursos para afrontar las obligaciones que se le presenten.

 Lo importante también en este punto es que la calidad y cantidad de los bienes y servicios se mantenga en un grado de alta eficiencia, ya que no mantener en cuenta estos puntos se podría recaer en la trampa fiscal.

Ahora bien ¿Por qué debe financiarse el gasto público con deuda? Como lo dije anteriormente un aumento de impuestos sin un nivel de confianza por parte de la población al gobierno no tendría los mismos efectos que un mayor gasto por iniciativa propia del estado, dicho gasto evidentemente debe de ser financiado por algún lado. Con la colocación de nueva base monetaria no es posible por el grado de independencia que tiene nuestro banco central con la secretaria de hacienda, de manera que, si no se puede pagar el gasto vía aumento de impuestos o emisión monetaria, solo queda la opción de deuda pública, la cual no es mala como algunos sectores de la población y servidores públicos que piensan que lo es, una deuda bien utilizada en gasto e inversión de bienes productivos, a la larga genera los rendimientos suficientes para poder pagarla en un mediano o largo plazo, de hecho nuestro país es uno de los menos endeudados del mundo, con apenas el 43% del PIB, habiendo otros países como Japón y Estados Unidos que respectivamente tienen un 200% y 180% deuda con respecto al PIB.

Dicho lo anterior en materia de deuda, una ventaja adicional que tiene es que esta genera los suficientes efectos multiplicadores en el conjunto de la economía, que benefician tanto a públicos como a privados, evitando de esta manera que la economía nacional siga estancada como los últimos 30 años ha estado.