Por Paola Arellano
Después de que Andrés Manuel López
Obrador ganó las elecciones en 2018, las expectativas respecto al rumbo que
tomaría la nueva administración eran altas (al menos para más del 50% de los
votantes), sin embargo, después de la consulta sobre el NAICM, la mayoría de
nosotros comenzamos a dudar si realmente esa alternancia de poder resultaría en
un mejoramiento de las condiciones tanto sociales como económicas del país.
El Plan Nacional de Desarrollo es
hasta este momento, el mejor bosquejo que tenemos para saber qué cruza por esa
cabecita de algodón y cómo es que piensa transformar a México durante su
sexenio.
Recordemos que una de las propuestas
más fuertes de López Obrador siempre ha sido el combate a la pobreza. Desde que
se postuló en las últimas elecciones se enfocó en traer a la mesa temas de
marginación y desigualdad social, resumiendo su postura al respecto en su lema
“Primero los pobres”.
Este lema es una de las primeras
cosas que se mencionan dentro del apartado de Política Social, seguido de una
remembranza de los derechos fundamentales que tienen los mexicanos, pero sin
dejar de reiterar que su prioridad son los sectores más “indefensos” y
“marginados” de la población. Posteriormente se reconoce que un desarrollo
sostenible es fundamental para poder llevar a cabo su política social y
asegurar que ésta perdure en generaciones futuras.
Propone nueve programas sociales:
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Programa Pensión
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; Programa Nacional de Becas
para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando
Vida; Programa Nacional de Reconstrucción; Desarrollo Urbano y Vivienda; y, por
último, Tandas para el bienestar.
Con estos nueve programas atiende
prácticamente a la mayoría de la población que es vulnerable o que
potencialmente puede llegar a serlo, como lo son las personas mayores
(pensionadas y no pensionadas), las personas con discapacidad, niñas, niños y jóvenes
(menores de 18 años), los famosos “ninis”, los jóvenes universitarios, y los
trabajadores agrícolas.
La característica más interesante de
los programas es que los apoyos llegarían directamente a la población objetivo
mediante transferencias bancarias, sin intermediarios. El argumento es que las
administraciones pasadas se robaban el dinero de los programas (Duarte, ¿les
suena?), pero dado que no se plantea ningún control respecto al uso de ese
dinero en efectivo ni se establece algún tipo de seguimiento, ¿será que las
personas lo utilicen verdaderamente para los fines del programa?
En mi opinión, la política social es
fundamental para cerrar la brecha de pobreza en México, pero un programa
subsidiario requiere recursos, muchos recursos. Querido AMLO: ¿cómo le hacemos
para pagar su Política Social? Quedo pendiente a su respuesta. Atentamente:
Paola Arellano.
Referencias:
Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024
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