Por:
Paola Arellano
En
mayo de 2019, la Ciudad de México tuvo un retroceso en materia de derechos para
las trabajadoras sexuales. El Congreso de la ciudad aprobó, dentro de la Ley de
Cultura Cívica, una ley que sanciona administrativamente la prostitución. Hablo
de un retroceso puesto que para el año 2014, en la Ciudad de México, las
trabajadoras sexuales eran reconocidas como “trabajadoras no asalariadas”, y se
implementó el registro de estas bajo licencias, las cuales reconocían su
trabajo como parte del trabajo regular. Sin embargo, no se les aseguraban
derechos básicos de los trabajadores como la seguridad social o el derecho a
sindicalizarse.
Las
trabajadoras sexuales han denunciado por años la discriminación y
estigmatización de su trabajo, y es que irónicamente en un país como México
donde somos uno de los principales consumidores de pornografía, y donde existe
una red tan grande de comercio sexual, a muchas personas todavía les parece mal
que una mujer se gane la vida o reciba un ingreso por tener sexo con alguien
más. Por otra parte está el problema de la trata de personas y cómo se
diferencia del trabajo sexual: la trata de personas en materia sexual tiene que
ver con la explotación sexual de un individuo por un tercero, tiene que ver
también con privación de la libertad y agresiones de todo tipo; el trabajo
sexual se refiere a la decisión de un hombre o mujer de vender sus servicios
sexuales, con la particularidad de que son libres de ejercer ese trabajo o no
como les plazca, y de poner el precio de su trabajo y las condiciones bajo las
cuales llevarlo a cabo.
Llevar
a cabo una despenalización del trabajo sexual no significa despenalizar la
trata de personas, ni mucho menos el incremento del mismo (como se piensa con
la despenalización de las drogas o del aborto), significa que las personas que
se dedican a ello puedan acceder a un fondo de ahorro para el retiro, a un
servicio médico, a protección legal, etc. Estamos hablando de derechos humanos,
más allá de nuestra moral.
En
México, las trabajadoras sexuales buscan crear un sindicato que sea reconocido
por el Estado y bajo el cual puedan protegerse y exigir derechos que les deben
ser concedidos. Existen diversas asociaciones que defienden y luchan por la
regularización del comercio sexual, una de ellas es la Alianza Mexicana de
Trabajadoras Sexuales (AMETS) la cual se encarga de apoyar y empoderar a todas
las mujeres (biológicas y trans) para ejercer su trabajo de manera segura y
para hacerles ver que no es un trabajo menos digno a cualquier otro.
Para
el Estado, una regulación podría significar un incremento de su base
tributaria, donde se podría recaudar más dinero a partir de uno de los
impuestos más representativos de éste como lo es el Impuesto sobre la renta
(ISR). Si lo vemos desde el lado de los consumidores, también se podría gravar
el consumo de éste servicio de ser necesario y en caso de que fuera útil para
regularlo.
Es
complicado hablar de las repercusiones económicas de la despenalización del
trabajo sexual, puesto que los datos disponibles sobre el número de
trabajadoras existente o los ingresos que pueden llegar a generarse por el
trabajo son desconocidos, puesto que es una actividad penalizada por ley en
todo el país.
En
conclusión, la regulación y despenalización implican para las trabajadoras un
avance en derechos humanos y derechos laborales por el reconocimiento de su
trabajo, mientras que para el Estado, es una oportunidad no solo de generar
ingresos, sino de tener un mayor y mejor control sobre el mercado laboral en
México, sobre todo del empleo subterráneo; incluso sería beneficioso para
identificar el delito de trata de personas y explotación sexual, si es que
logramos hacer una clara distinción entre una cosa y otra.
En
México, todavía nos falta avanzar muchísimo con nuestras creencias y nuestros
prejuicios, que no se nos olvide que una “puta” también es un ser humano, que
el comercio sexual existe y persiste porque se sigue demandando, y que el hecho
de dedicarse a ello no significa que no sea digno y que no merece protección.
Referencias.
Aquino,
E. (2019) “Reforma que castiga prostitución en CDMX es regresiva y
discriminatoria, dicen trabajadoras y académicas”. Animal Político, mayo 23,
versión en línea.
Brigada
Callejera de apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C, página web
Camhaji,
E. (2019) “La Ciudad de México, a través de los ojos de una trabajadora sexual”.
El País, febrero 11, versión en línea.
Teposteco,
M. (2018) “Trabajo sexual es trabajo: hablamos con la Alianza Mexicana de
Trabajadoras Sexuales”. Vice, mayo 15
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